A más de un año del fuerte conflicto social y lucha de clases en torno a la Resolución 125, dirimido con el voto “no positivo” del vicepresidente de la nación, quién favoreció los deseos sectoriales de la Mesa de Enlace, representante de los intereses más concentrados de la oligarquía pampeana, en detrimento de la postura del gobierno nacional favorable a una mayor disponibilidad de recursos para posibilitar por medio del gasto público una mejora en la distribución del ingreso, parece conveniente reconsiderar algunas de las consecuencias y corolarios de ese conflicto y su desenlace.
Toda la ciudadanía asistió al festejo alborozado de los exultantes líderes oligárquicos y sus subalternos, en medio de la aclamación de los sectores más adinerados de la sociedad Argentina, ante el resultado de la votación en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación favorable a sus intereses, en virtud de la cual los fondos que podrían haber sido recaudados por el gobierno nacional por medio de las retenciones fueron en realidad conservados por los terratenientes. Parece por tanto conveniente luego de algo más de un año analizar como utilizaron ese excedente los sectores oligárquicos, considerar que hicieron con esa renta que el estado no logró recaudar.
Un primer uso posible de la renta adicional conservada por los terratenientes podría haber sido destinada a inversiones de capital comprando por ejemplo una mayor cantidad de tractores o cosechadoras como forma de uso pretendidamente más productiva que el gasto público. Absolutamente todos los números de ventas de maquinaria agrícola e incluso de las famosas camionetas 4x4 indican una contracción en la demanda a lo largo de 2008 y primer semestre de 2009. En el invierno del 2009 la Cámara de Comercio de Pigüe por ejemplo, informaba de una retracción del 85% con respecto al año anterior en la venta de maquinarias y repuestos en el trimestre Abril-Julio de 2009. Las ventas de maquinaria agrícola de acuerdo a lo informado por el INDEC, alcanzaron en el tercer trimestre del 2009 los 694.900.000 de pesos, con una caída del 30,1% con respecto al 2008, no puede decirse por lo tanto que la industria automotriz o de producción de maquinarias agrícolas fueran beneficiadas por el destino de esos fondos.
Un uso alternativo habría sido inversiones en construcciones tanto rurales como urbanas a fin de aumentar o mejorar la infraestructura edilicia. Un cálculo conservador de localidades relevadas personalmente por el autor a lo largo de la Ruta 33 al oeste de la provincia de Buenos Aires incluyendo Trenque Lauquen y General Villegas y también en el sur de la provincia de Santa Fe en el mes de Julio de 2009, indicaba caídas de 35 a 40 % sobre las inversiones del 2007 en las construcciones rurales, con contracciones muy variables en las zonas urbanas pero en todos los casos superiores al 20%, lo cual implicó un perjuicio para los obreros y empresarios de la construcción pues el dinero que no recaudo el estado no se volcó a mayor gasto, en este rubro.
Otro posible uso de los fondos adicionales, podría haber sido en función de una propensión marginal a consumir, destinados a comprar una mayor cantidad de bienes durables y no durables de consumo en los pequeños pueblos del interior. En el mes de Julio de 2009 la Asociación de Comercio e Industria de Coronel Dorrego informaba acerca del cierre de muchos locales comerciales siendo de los más afectados la localidad de Oriente en el sur de la provincia de Buenos Aires, con el cierre de más del 50% de los comercios. Los fondos que no fueron a las arcas públicas no se volcaron a la demanda agregada de bienes ofrecidos por circuitos comerciales locales, con una propensión marginal a consumir por parte de los terratenientes que fue no solo de cero sino incluso negativa pues se redujeron en valores netos. Ha sido grande el desencanto de muchos de los pequeños y medianos comerciantes de las zonas rurales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba pues no obtuvieron los beneficios que esperaban conseguir a la hora de apoyar la protesta de la Mesa de Enlace en el 2008. Si esos mismos fondos se hubieran utilizado para aumentos de sueldos de empleados municipales, provinciales y nacionales con por ejemplo mayor presupuesto educativo, el beneficio para ese sector terciario habría sido mucho mayor, pues son sectores con mayor propensión marginal a consumir.
Otro posible uso de los fondos adicionales que retuvieron los terratenientes, podría haber sido destinado al factor trabajo. La AFIP informaba a mediados del año 2009 que el sector rural es uno de los sectores productivos con mayor nivel de irregularidades con el 69% de los empleados del sector agrícola-ganadero en la informalidad. Los aumentos de sueldos no se apartan de las medias nacionales y solo se han logrado luego de arduas negociaciones, con fuerte compromiso y apoyo del gobierno nacional ante patronales renuentes a conceder beneficios a los peones rurales. No podemos sostener que los recursos adicionales obtenidos por los terratenientes beneficiaron los ingresos de los peones rurales. La AFIP había estimado en el mes de Agosto del 2009 que sobre un total de 1.376.000 trabajadores del sector rural algo más de 900.000 cumplen su tarea en plena informalidad.
Si los recursos no se volcaron en beneficio adicional de los trabajadores, podría pensarse en un aumento en el uso de algunos insumos. Sin embargo mientras se utilizaron 3.700.000 toneladas de fertilizantes en la campaña 2007-2008 en el presente año es probable que el uso sea inferior a los 2.000.000 de toneladas. Estarían reponiendo menos del 50% de los nutrientes que están usando en estas últimas campañas, deteriorando la fertilidad del suelo y comprometiendo la sustentabilidad.
Ante la evidencia de que los fondos conservados por los productores rurales y no pagados al estado en concepto de retenciones, no fueron utilizados ni en un aumento de compra de bienes de capital, ni en más construcciones, ni en un aumento de demanda de bienes y servicios en los circuitos locales, ni en mejoras significativas de los ingresos de los peones rurales o en mayores compras de insumos para el agro, parece necesario preguntarse acera del destino de esos fondos en manos de los terratenientes.
Si se analiza la evolución de la balanza de pagos a lo largo del 2008 y 2009 acaso podamos responder tentativamente a la pregunta. El INDEC informó que en el segundo trimestre del 2009 la fuga de divisas llegó a 4.279.000.000 US dólares. La acumulación de activos externos por parte del sector privado fue de 7555 millones de dólares en el primer semestre. Solo se logró revertir esta tendencia a partir de Septiembre-Octubre con un ligero ingreso neto de capital por 400.000.000 de dólares. La salida de capitales había descendido regularmente entre el tercer trimestre del 2007 y el primer trimestre del 2008, pero a partir del conflicto con la mesa de enlace se mantuvo por encima de los 4 a 5.000 millones de dólares por trimestre. Si pensamos una posible alternativa como depósitos en el sistema bancario nacional veremos que desde el conflicto con la Mesa de Enlace se han mantenido en torno a los 130 y 145 millones de pesos por mes por lo que no puede afirmarse que ese capital adicional fuera al sistema bancario local. En cambio los activos financieros de los argentinos en el exterior sí han aumentado desde una cifra cercana a los 110.000 millones en 2007 a cerca de 130.000 millones en el presente año, parece probable que una parte de ellos provengan de los terratenientes.
Historia e identidad
Estos montos multimillonarios y altas tasas de ganancias permiten reabrir la discusión en torno a la supuesta continuidad de los actores sociales entre aquellos que en 1912 protagonizaron el “Grito de Alcorta” y los actuales representantes de la Federación Agraria. Recordemos que a principios del siglo XX el costo de los arriendos podía rondar el 50%, llegando en el caso por ejemplo de Firmat en el sur de Santa Fe a ser del 54% hacia el centenario. En 1911 la cosecha en la pampa húmeda fue muy pobre y las quejas de los arrendatarios se incrementaron junto con sus deudas. En el almacén de ramos generales de Ángel Bujarrabal, en Alcorta con el liderazgo entre otros de Pedro Dieguez y Francisco Bulzani y la orientación y representación legal del abogado Francisco Netri, en medio de una creciente intolerancia de la oligarquía terratenientes y la consiguiente represión policial, creció el convencimiento en la necesidad de que una acción política coordinada era la única opción ante el hecho incontrastable de que las buenas cosechas de 1912 no lograban cubrir los endeudamientos de años anteriores. En Junio de 1912 en el local de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción y con el apoyo de los comerciantes locales se decreta la huelga general agrícola conocida como el “Grito de Alcorta”. A partir de esta lucha contra la oligarquía terrateniente nace la Federación Agraria Argentina. Evidentemente los dirigentes actuales de la Federación han modificado radicalmente sus visiones políticas y económicas pues en estos años han liderado una violenta y desestabilizadora lucha contra un gobierno democrático que pretendió hacer uso de sus facultades en materia aduanera. Acaso pueda entenderse estos cambios ideológicos en función de los procesos de modernización y tecnificación asociados al desarrollo y valorización de los “commodities” desde la década del 90. En el año 2008 el precio de la hectárea en el núcleo sojero a lo largo de la Ruta 8 por ejemplo iba de 8.000 a 10.000 dólares, por lo que un propietario de 400 o 500 hectáreas era ahora dueño de un patrimonio neto de más de 4.000.000 de dólares, muy lejos del legado histórico de la defensa de los pequeños campesinos arrendatarios. Es por tanto entendible la creciente diferencia entre la actual conducción de la FAA y los movimientos campesinos como MOCASE y el MOCAFOR. La expulsión del MCL “Movimiento Campesino Liberación”, del consejo directivo de la FAA es otro indicio de la mutación del rol de la Federación Agraria al defender ahora los intereses de los grandes terratenientes identificándose con la SRA.
La imposibilidad del gobierno de imponer el aumento a las retenciones por medio de la 125, llevó a una mayor renta para el sector terrateniente que utilizó ese adicional de forma pro-cíclica, con una propensión marginal a consumir negativa y contribuyendo muy probablemente a la fuga de capitales. Esos fondos en manos del estado habrían podido ser utilizados en jubilaciones y pensiones, en ciencia y técnica, educación o inversiones en infraestructura potenciando inversiones y consumo en un contexto internacional contractivo. En manos de los representados por la Mesa de Enlace esos capitales llevaron a menos consumo, menos gastos e inversión, con un atesoramiento pro-cíclico y fuga de capitales, todas opciones perjudiciales para el bienestar del pueblo argentino.
Recordemos adicionalmente que está pendiente la discusión en torno a las externalidades resultantes de la sojización, los procesos de desmonte y deforestación por expansión de la frontera agropecuaria con perdida de biodiversidad, deterioro en la fertilidad del suelo, contaminación de aguas superficiales y napas freáticas por el uso de agroquímicos, además de enfermedades asociadas a un mayor uso de pesticidas, son algunas de las consecuencias no abordadas en el cálculo de los costos privados. A.C.Pigou (1877-1959) detectó la falla en el mercado, cuando el costo social de una producción no era cubierto por el costo privado, lo cual implicaba una descarga de parte de esos costos en la sociedad.
La oligarquía terrateniente se ha mostrado violenta e intolerante a la hora de defender su renta, pero sin querer asumir el costo de las externalidades que genera ni reconociendo el origen cambiario y de las políticas estatales de parte de esa renta, pero además con un uso de los fondos adicionales retenidos que perjudicaron el nivel de demanda y de inversión, generando inflación y fugando capitales, en medio de unas de la peores crisis del capitalismo mundial.
Toda la ciudadanía asistió al festejo alborozado de los exultantes líderes oligárquicos y sus subalternos, en medio de la aclamación de los sectores más adinerados de la sociedad Argentina, ante el resultado de la votación en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación favorable a sus intereses, en virtud de la cual los fondos que podrían haber sido recaudados por el gobierno nacional por medio de las retenciones fueron en realidad conservados por los terratenientes. Parece por tanto conveniente luego de algo más de un año analizar como utilizaron ese excedente los sectores oligárquicos, considerar que hicieron con esa renta que el estado no logró recaudar.
Un primer uso posible de la renta adicional conservada por los terratenientes podría haber sido destinada a inversiones de capital comprando por ejemplo una mayor cantidad de tractores o cosechadoras como forma de uso pretendidamente más productiva que el gasto público. Absolutamente todos los números de ventas de maquinaria agrícola e incluso de las famosas camionetas 4x4 indican una contracción en la demanda a lo largo de 2008 y primer semestre de 2009. En el invierno del 2009 la Cámara de Comercio de Pigüe por ejemplo, informaba de una retracción del 85% con respecto al año anterior en la venta de maquinarias y repuestos en el trimestre Abril-Julio de 2009. Las ventas de maquinaria agrícola de acuerdo a lo informado por el INDEC, alcanzaron en el tercer trimestre del 2009 los 694.900.000 de pesos, con una caída del 30,1% con respecto al 2008, no puede decirse por lo tanto que la industria automotriz o de producción de maquinarias agrícolas fueran beneficiadas por el destino de esos fondos.
Un uso alternativo habría sido inversiones en construcciones tanto rurales como urbanas a fin de aumentar o mejorar la infraestructura edilicia. Un cálculo conservador de localidades relevadas personalmente por el autor a lo largo de la Ruta 33 al oeste de la provincia de Buenos Aires incluyendo Trenque Lauquen y General Villegas y también en el sur de la provincia de Santa Fe en el mes de Julio de 2009, indicaba caídas de 35 a 40 % sobre las inversiones del 2007 en las construcciones rurales, con contracciones muy variables en las zonas urbanas pero en todos los casos superiores al 20%, lo cual implicó un perjuicio para los obreros y empresarios de la construcción pues el dinero que no recaudo el estado no se volcó a mayor gasto, en este rubro.
Otro posible uso de los fondos adicionales, podría haber sido en función de una propensión marginal a consumir, destinados a comprar una mayor cantidad de bienes durables y no durables de consumo en los pequeños pueblos del interior. En el mes de Julio de 2009 la Asociación de Comercio e Industria de Coronel Dorrego informaba acerca del cierre de muchos locales comerciales siendo de los más afectados la localidad de Oriente en el sur de la provincia de Buenos Aires, con el cierre de más del 50% de los comercios. Los fondos que no fueron a las arcas públicas no se volcaron a la demanda agregada de bienes ofrecidos por circuitos comerciales locales, con una propensión marginal a consumir por parte de los terratenientes que fue no solo de cero sino incluso negativa pues se redujeron en valores netos. Ha sido grande el desencanto de muchos de los pequeños y medianos comerciantes de las zonas rurales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba pues no obtuvieron los beneficios que esperaban conseguir a la hora de apoyar la protesta de la Mesa de Enlace en el 2008. Si esos mismos fondos se hubieran utilizado para aumentos de sueldos de empleados municipales, provinciales y nacionales con por ejemplo mayor presupuesto educativo, el beneficio para ese sector terciario habría sido mucho mayor, pues son sectores con mayor propensión marginal a consumir.
Otro posible uso de los fondos adicionales que retuvieron los terratenientes, podría haber sido destinado al factor trabajo. La AFIP informaba a mediados del año 2009 que el sector rural es uno de los sectores productivos con mayor nivel de irregularidades con el 69% de los empleados del sector agrícola-ganadero en la informalidad. Los aumentos de sueldos no se apartan de las medias nacionales y solo se han logrado luego de arduas negociaciones, con fuerte compromiso y apoyo del gobierno nacional ante patronales renuentes a conceder beneficios a los peones rurales. No podemos sostener que los recursos adicionales obtenidos por los terratenientes beneficiaron los ingresos de los peones rurales. La AFIP había estimado en el mes de Agosto del 2009 que sobre un total de 1.376.000 trabajadores del sector rural algo más de 900.000 cumplen su tarea en plena informalidad.
Si los recursos no se volcaron en beneficio adicional de los trabajadores, podría pensarse en un aumento en el uso de algunos insumos. Sin embargo mientras se utilizaron 3.700.000 toneladas de fertilizantes en la campaña 2007-2008 en el presente año es probable que el uso sea inferior a los 2.000.000 de toneladas. Estarían reponiendo menos del 50% de los nutrientes que están usando en estas últimas campañas, deteriorando la fertilidad del suelo y comprometiendo la sustentabilidad.
Ante la evidencia de que los fondos conservados por los productores rurales y no pagados al estado en concepto de retenciones, no fueron utilizados ni en un aumento de compra de bienes de capital, ni en más construcciones, ni en un aumento de demanda de bienes y servicios en los circuitos locales, ni en mejoras significativas de los ingresos de los peones rurales o en mayores compras de insumos para el agro, parece necesario preguntarse acera del destino de esos fondos en manos de los terratenientes.
Si se analiza la evolución de la balanza de pagos a lo largo del 2008 y 2009 acaso podamos responder tentativamente a la pregunta. El INDEC informó que en el segundo trimestre del 2009 la fuga de divisas llegó a 4.279.000.000 US dólares. La acumulación de activos externos por parte del sector privado fue de 7555 millones de dólares en el primer semestre. Solo se logró revertir esta tendencia a partir de Septiembre-Octubre con un ligero ingreso neto de capital por 400.000.000 de dólares. La salida de capitales había descendido regularmente entre el tercer trimestre del 2007 y el primer trimestre del 2008, pero a partir del conflicto con la mesa de enlace se mantuvo por encima de los 4 a 5.000 millones de dólares por trimestre. Si pensamos una posible alternativa como depósitos en el sistema bancario nacional veremos que desde el conflicto con la Mesa de Enlace se han mantenido en torno a los 130 y 145 millones de pesos por mes por lo que no puede afirmarse que ese capital adicional fuera al sistema bancario local. En cambio los activos financieros de los argentinos en el exterior sí han aumentado desde una cifra cercana a los 110.000 millones en 2007 a cerca de 130.000 millones en el presente año, parece probable que una parte de ellos provengan de los terratenientes.
Historia e identidad
Estos montos multimillonarios y altas tasas de ganancias permiten reabrir la discusión en torno a la supuesta continuidad de los actores sociales entre aquellos que en 1912 protagonizaron el “Grito de Alcorta” y los actuales representantes de la Federación Agraria. Recordemos que a principios del siglo XX el costo de los arriendos podía rondar el 50%, llegando en el caso por ejemplo de Firmat en el sur de Santa Fe a ser del 54% hacia el centenario. En 1911 la cosecha en la pampa húmeda fue muy pobre y las quejas de los arrendatarios se incrementaron junto con sus deudas. En el almacén de ramos generales de Ángel Bujarrabal, en Alcorta con el liderazgo entre otros de Pedro Dieguez y Francisco Bulzani y la orientación y representación legal del abogado Francisco Netri, en medio de una creciente intolerancia de la oligarquía terratenientes y la consiguiente represión policial, creció el convencimiento en la necesidad de que una acción política coordinada era la única opción ante el hecho incontrastable de que las buenas cosechas de 1912 no lograban cubrir los endeudamientos de años anteriores. En Junio de 1912 en el local de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción y con el apoyo de los comerciantes locales se decreta la huelga general agrícola conocida como el “Grito de Alcorta”. A partir de esta lucha contra la oligarquía terrateniente nace la Federación Agraria Argentina. Evidentemente los dirigentes actuales de la Federación han modificado radicalmente sus visiones políticas y económicas pues en estos años han liderado una violenta y desestabilizadora lucha contra un gobierno democrático que pretendió hacer uso de sus facultades en materia aduanera. Acaso pueda entenderse estos cambios ideológicos en función de los procesos de modernización y tecnificación asociados al desarrollo y valorización de los “commodities” desde la década del 90. En el año 2008 el precio de la hectárea en el núcleo sojero a lo largo de la Ruta 8 por ejemplo iba de 8.000 a 10.000 dólares, por lo que un propietario de 400 o 500 hectáreas era ahora dueño de un patrimonio neto de más de 4.000.000 de dólares, muy lejos del legado histórico de la defensa de los pequeños campesinos arrendatarios. Es por tanto entendible la creciente diferencia entre la actual conducción de la FAA y los movimientos campesinos como MOCASE y el MOCAFOR. La expulsión del MCL “Movimiento Campesino Liberación”, del consejo directivo de la FAA es otro indicio de la mutación del rol de la Federación Agraria al defender ahora los intereses de los grandes terratenientes identificándose con la SRA.
La imposibilidad del gobierno de imponer el aumento a las retenciones por medio de la 125, llevó a una mayor renta para el sector terrateniente que utilizó ese adicional de forma pro-cíclica, con una propensión marginal a consumir negativa y contribuyendo muy probablemente a la fuga de capitales. Esos fondos en manos del estado habrían podido ser utilizados en jubilaciones y pensiones, en ciencia y técnica, educación o inversiones en infraestructura potenciando inversiones y consumo en un contexto internacional contractivo. En manos de los representados por la Mesa de Enlace esos capitales llevaron a menos consumo, menos gastos e inversión, con un atesoramiento pro-cíclico y fuga de capitales, todas opciones perjudiciales para el bienestar del pueblo argentino.
Recordemos adicionalmente que está pendiente la discusión en torno a las externalidades resultantes de la sojización, los procesos de desmonte y deforestación por expansión de la frontera agropecuaria con perdida de biodiversidad, deterioro en la fertilidad del suelo, contaminación de aguas superficiales y napas freáticas por el uso de agroquímicos, además de enfermedades asociadas a un mayor uso de pesticidas, son algunas de las consecuencias no abordadas en el cálculo de los costos privados. A.C.Pigou (1877-1959) detectó la falla en el mercado, cuando el costo social de una producción no era cubierto por el costo privado, lo cual implicaba una descarga de parte de esos costos en la sociedad.
La oligarquía terrateniente se ha mostrado violenta e intolerante a la hora de defender su renta, pero sin querer asumir el costo de las externalidades que genera ni reconociendo el origen cambiario y de las políticas estatales de parte de esa renta, pero además con un uso de los fondos adicionales retenidos que perjudicaron el nivel de demanda y de inversión, generando inflación y fugando capitales, en medio de unas de la peores crisis del capitalismo mundial.
