por Roberto Hilson Foot
Ante la situación de crisis internacional es imperativo que la Argentina pueda contar con una moneda sana, que logre cumplir con su rol como unidad de medida, reserva de valor y medio de intercambio. Esto solo puede conseguirse si preservamos las cuentas públicas. Contar con recursos tributarios que cubran las erogaciones derivadas del gasto público además de poder enfrentar la deuda externa acumulada por los gobiernos ( muchos de raíz democrática)durante las últimas cuatro décadas, permite preservar una cierta autonomía del estado. Poco espacio hay para la política y de hecho pocas posibilidades para el desarrollo democrático si no consolidamos como condición necesaria mas no suficiente la solidez financiera del estado. Una política democrática en defensa y beneficio del pueblo solo podrá lograrse si el estado atenúa su dependencia de corporaciones multinacionales, organismos internacionales de crédito, potencias extranjeras y grupos económicos locales. Solo preservando la fortaleza financiera del estado podemos mantener la pretensión de tener una autonomía que permita el ejercicio del poder político para seguir intentando mejorar la distribución del ingreso, continuando la tendencia decreciente en los niveles de indigencia, pobreza y desocupación que se logró con tanto éxito entre los años 2003 y 2007. Una autonomía que permita aumentar el gasto social, canalizar fondos hacia la inversión pública, mejorar las pensiones, jubilaciones y sueldos de los empleados del estado, disponiendo de más fondos para salud, educación, ciencia y técnica, pero también para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales, las fábricas recuperadas, capitalizando a las nuevas empresas del estado, invirtiendo fondos en la industria
nacional y el desarrollo sustentable, creando trabajo, reduciendo paulatinamente el desempleo.
nacional y el desarrollo sustentable, creando trabajo, reduciendo paulatinamente el desempleo.
Ley de Gresham
A este economista nacido en 1519 se le ha atribuido el principio que postula que la mala moneda desplaza a la buena,(“bad money drives out good money”). La atribución de prioridad a Gresham de este postulado que hizo en 1857 Henry Dunning Mac Leod es impropia, pues tanto en la obra de Nicolás de Oresme (1326?-1382) como en la de Nicolás Copérnico (1473-1543), el principio aparece ya esbozado. Ha sido sin embargo el nombre del consejero de la reina Isabel I Tudor el que se utilizó para denominar a este postulado. Fue un próspero comerciante, financista y consejero de los reyes Eduardo I e Isabel I en línea con la tradición inaugurada por su padre Richard Gresham quién había sido consejero de Enrique VIII de Inglaterra. Con motivo de la coronación de Isabel le escribe una carta a la reina en la que argumenta acerca de la importancia de cuidar la calidad de la moneda, tema que lo ubicaría en la consideración de sucesivas generaciones de economistas. En 1571 fue nada menos que el responsable de financiar la creación del Royal Exchange, muriendo luego de una vida de convergencias entre teorías y prácticas económicas en 1579. Si una moneda pierde credibilidad y prestigio, y los ciudadanos tienen la opción de adquirir otra como sería la preferencia por parte de ciertos sectores en la Argentina por los dólares norteamericanos o los euros, lo mas probable es que comiencen a atesorar y demandar estas últimas, haciendo circular la primera. Si en la Argentina comenzamos a considerar al peso como mala moneda es muy probable que el riesgo de un corrida cambiaria aumentaría pues muchos buscarían un resguardo de valor como ya dijimos en el dólar norteamericano o en los Euros, con la intención de atesorarlos o fugar capitales, práctica recurrente en nuestra historia reciente. Estos comportamientos implicarían una disminución en la inversión y el consumo interno, así como una presión adicional sobre la tasa de cambio. El gobierno debe mantener su capacidad de incidir en el mercado cambiario, asegurando un superávit de balanza comercial y fiscal que reduzca su exposición a las fluctuaciones cambiarias, permitiéndole simultáneamente enfrentar sus compromisos externos.
Cuasi-monedas en nuestra historia reciente
Recordemos por un momento la traumática historia de nuestro país a principios de esta década cuando los desequilibrios fiscales y las políticas cambiarias llevaron a la peor crisis económica, bancaria y fiscal de nuestra historia con la consiguiente catastrófica desarticulación del sistema económico y político, el hambre y la indigencia, la desocupación de casi el 25% de la población y la pobreza del 50% del país. En Mayo de 2002 en la provincia de Tucumán los bonos representaban el 75% del circulante y en Corrientes llegó a representar casi el 90%.Un tercio del circulante total en el país estaba representado por los bonos y cuasi-monedas con mas de 2.100.000.000 de Patacones y 600.000.000 de Lecor para mediados del año 2002. Estas cuasi-monedas o mas propiamente bonos representaban un total de 7.645.000.000 $ a comienzo del año 2003. Se habían emitido Lecop nacional por un monto de 3.225.000.000$, Patacones por 2.765.000.000$, Lecor de Córdoba por mas de 800.000.000 $, Federales de la provincia de Entre Ríos por 237.000.000$ , además de los Petrom, Boncafor, Quebracho etc. Claramente a lo largo de esos años los argentinos se comportaban de acuerdo a la ley de Gresham buscando rápidamente atesorar las mejores monedas, desprendiéndose y haciendo circular las peores.
Esperemos que J.L.Borges haya estado en lo cierto en su poema Everness cuando decía “ Solo una cosa no hay. Es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria”, y no hayamos perdido la memoria de esos trágicos tiempos.
Superávit fiscal: una mirada desde la izquierda
La cuestión de las cuentas públicas ha tenido un abordaje en general desde la derecha mas conservadora, la cual ha enfatizado la necesidad de disminuir el gasto y la presión impositiva a fin de lograr una pretendida asignación óptima de recursos por parte del mercado, evitando el déficit. Sin embargo es posible que desde la izquierda salgamos a sostener la necesidad política y económica de contar con superávit fiscal, avalando para ello una alta presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos, necesaria para poder mantener una moneda sana y un alto nivel de gasto público, asignado en función de los objetivos determinados por los gobiernos populares. Pero además es posible impugnar el apriorismo librecambista de supuestas asignaciones óptimas de recursos por parte del mercado, al demostrar comportamientos económicos en torno a inversiones y demanda, por parte de los sectores más adinerados de la sociedad, que van contra el circuito productivo como son la fuga de capitales, el consumo suntuario del excedente y las importaciones innecesarias de bienes de consumo, además del atesoramiento de moneda extranjera. En un contexto internacional de crisis se puede esperar que los propietarios de los medios de producción reaccionen con conductas pro- cíclicas de retracción de inversiones y consumo, por lo que solo el estado tiene las herramientas para usar los recursos en un sentido anticíclico, justificación mas que suficiente para una política impositiva agresiva, y una expansión del gasto público. En base a esto es posible establecer que toda fuerza política que brinde su apoyo a la sectaria pretensión de los grandes intereses terratenientes de no pagar retenciones, se posiciona en una perspectiva política de una derecha reaccionaria, cuyas políticas tienden a profundizar la crisis y ponen en riesgo la gobernabilidad democrática, al comprometer las cuentas públicas, herramienta indispensable para la defensa de los intereses populares. Lo que esta en juego con la discusión en torno a los derechos de exportación es el poder de un gobierno democrático de decidir sobre políticas inclusivas y procesos de redistribución del ingreso.
Si Norberto Bobbio en su libro “Derecha e izquierda “ había enfatizado por un lado, el apego de la derecha por el orden, la jerarquía y la propiedad, reservándonos a la izquierda la prioridad por la igualdad, esta disputa en torno a la renta agropecuaria es una clara contraposición de intereses de clases antagónicos determinantes a la hora de poder construir una sociedad mas justa y democrática. El gobierno debe priorizar el objetivo de mantener una moneda sana entendiendo que ello es condición necesaria de políticas públicas progresistas. El recuerdo de las penurias sufridas sobre todo por los sectores populares durante los años de convertibilidad y su traumática desarticulación debería actuar como un poderoso disuasivo a la hora de decidir sobre nuestras conductas políticas y electorales, comprendiendo la importancia de la defensa de la moneda.
