Por: ROBERTO HILSON FOOT
La agenda política del 2008-2009 ha estado fuertemente condicionada por el conflicto con las empresas agropecuarias. Este grave episodio de lucha de clases solo puede ser comprendido en el marco de la discusión más amplia por la distribución del ingreso y su incidencia sobre otras variables económicas. La puja distributiva comenzó a incidir en los niveles de inflación en la economía argentina a partir del año 2007. Ante un gobierno que comenzó imponiendo a las empresas aumentos compulsivos de sueldos, mejorando la recaudación impositiva y las cuentas fiscales, e implementando a partir de esa mejora en las cuentas públicas una política de aumento en las remuneraciones del sector público, así como un sustancial incremento en las jubilaciones y pensiones, extendiendo y mejorando la cobertura previsional, generando adicionalmente por medio de los planes sociales y subsidios por ejemplo al transporte, así como por medio del congelamiento de las tarifas sobre todo para los sectores de menores ingresos y los aumentos en los presupuestos de educación y salud, logrando con todo ello una mejora tanto en los niveles de distribución como de ingreso de los sectores medios y bajos entre los años 2003 y 2007. Sin embargo a lo largo del 2007 y 2008 fue creciendo en forma persistente la inflación, siendo una verdadera amenaza para las mejoras socio-económicas que se habían logrado.
Este aumento general de los precios de los bienes y servicios en un contexto de políticas de des-endeudamiento externo, superávit fiscal y aumento de las reservas, con un crecimiento sostenido del P.B.I. de entre 8 y 9% anual, difícilmente pueda explicarse por medio de teorías cuantitativas o monetaristas de la inflación por demanda. No ha habido déficit fiscal por tanto no hemos tenido emisión “espuria”, las reservas aumentaron hasta los casi 50.000.000.000 U.S. dólares en 2008 y la economía argentina incrementó tanto su productividad como su producción de bienes y servicios a lo largo de seis años consecutivos, haciendo inaplicable la teoría cuantitativa clásica sobre la inflación formulada por Irving Fischer en 1912.
Consideremos por ejemplo la versión ortodoxa de la escuela Austríaca, en la presentación más elemental de Henry Hazlitt (1894-1993) en “Inflation in one page”, quién asigna la responsabilidad de la inflación al gobierno y a la emisión monetaria, necesaria para cubrir los desequilibrios fiscales por lo que llama el “exceso” de gasto público. La única solución posible desde esta perspectiva es el equilibrio fiscal. Vemos lo insuficiente de esta ideología para poder explicar el caso argentino pues en nuestro país no hemos tenido durante la gestión Kirchner problemas con el déficit fiscal. Es indispensable pensar que el problema inflacionario de los últimos años tiene por tanto una evidente raíz estructural. Las verdaderas causas de la inflación debemos buscarlas no en problemas monetarios sino en desajustes en el sistema productivo como han planteado las visiones estructuralistas, a lo que agrego el componente a veces llamado inflación salarial, elemento que considero central en la coyuntura actual. La inflación no solo estaría afectando los precios relativos y la tasa de cambio, sino también la distribución del ingreso, por lo que debemos incorporar las dimensiones cambiaria, salarial, sociológica y estructural en el análisis de las condiciones que han permitido a los propietarios de los medios de producción mejorar sus ingresos en detrimento de los trabajadores por medio de la inflación sobre todo a partir del 2008.
Excedente y asignación óptima de recursos
De acuerdo a la teoría clásica esa alta tasa de ganancia y consiguiente generación de excedente permitiría una asignación óptima de recursos por parte de los maximizadores de beneficios. Mercier de la Rivière (1720-1794), es uno de los primeros economistas que sostenían la idea de un plan general de la creación que el hombre debería acatar y que implicaba postular que el máximo bienestar de cada miembro de la sociedad redundaba en el máximo beneficio colectivo. Postulaba la necesidad de consolidar el derecho de propiedad, garantizando el goce de ese derecho en toda su plenitud y en toda la extensión que tenía, antes que pasáramos a reunirnos en sociedad ( L´ Ordre est la loi inviolable des espirits). Las leyes no pueden legitimarse para los defensores del libre cambio sino representan ese orden natural, el cual no es fruto del acuerdo o decisiones democráticas sino que nos es dado en forma heterónoma como orden universal y necesario.
En el caso Argentino los propietarios de los medios de producción tienen comportamientos económicos que distan de implicar asignaciones óptimas de recursos, lo cual refuta la dimensión pragmática de los postulados fisiocráticos de libre cambio. Estos sectores sociales han sido generadores de altos niveles de endeudamiento externo, han atesorado monedas extranjeras y han fugado capitales, determinando una ecuación donde la sumatoria de los beneficios individuales no arroja beneficios generales. En forma adicional desde el 2007 se ha llegado a un alto nivel del uso de la capacidad instalada en los entornos microeconómicos, por lo que los propietarios de los medios de producción han decidido y logrado obstruir toda forma de redistribución, por medio de la inflación. Con un dólar estable, a partir de 2003 y habiéndose diluido por medio de la devaluación el costo laboral como componente significativo de los costos de los bienes exportables, mal podría sostenerse la necesidad de trasladar a precios los porcentajes aceptados por el gobierno por medio de las políticas de negociaciones colectivas de trabajo. Si los sueldos aumentaron en función de pautas acordadas de entre un 15 y un 20% por año y si el costo laboral en el sector primario exportador y secundario representa porcentajes de 10 a 20 % del costo total, no podrían haberse esperado aumentos por arriba del 2 al 5% en los precios mayoristas por esta causa, un nivel muy inferior al efectivamente impulsado por los productores de nuestra economía.
Este comportamiento se ha dado en un contexto de altas tasas de ganancia. Si tomamos datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y analizamos la ganancia bruta de estas empresas como porcentaje de los ingresos del período 2008, podemos consignar algunos ejemplos: Banco Macro 49,5%, Banco Patagonia 52,1%, Aluar 28,6%, Cablevisión 49,6%, Telecom 45,1%, Metrogas 32,1%, Alpargatas 27,3%. Las ganancias fueron altas a lo largo del 2007-2008 por lo que no hablamos de aumentos de precios para salvar a las empresas de situaciones financieras comprometidas. Estos datos pretenden contribuir a difundir conciencia y combatividad entre defensores del campo popular en un contexto de agudización de la lucha de clases.
Maximización microeconómica
Mientras la economía argentina operó sin niveles de subutilización de tanto el factor de producción tierra como capital, se logró un incremento sostenido de la economía de 8,8% en 2003, 9,0 % en 2004, 9,2% en 2005, 8,5% en 2006, 8,7% en 2007 y un valor cercano al 7% en 2008. A nivel microeconómico se respondió con un incremento del uso de la capacidad ociosa y una incorporación de mano de obra por lo que la desocupación cayó desde el 25 % a menos del 10% en 2008. Las inversiones acompañaron el proceso expansivo desde un insostenible 12% en 2002, a un 15,1% en 2003, hasta el 24,2% en 2007, lo cual implica duplicar las inversiones en apenas cuatro años, logro basado fundamentalmente en una alta tasa de ahorro interno, que de ser apenas el 13,1% y 12,6% en 2000-2001, llegó al 26,9% y 27,3% en 2006-2007, sin generar por tanto endeudamiento. Debido a la duplicación de las exportaciones y al aumento sostenido de la demanda interna, habiendo alcanzado altos niveles de uso de la capacidad instalada en los años 2007 2008 los propietarios de los medios de producción adoptaron una política de aumento de precios ante el incremento de demanda agregada. La opción de maximización de beneficios privilegió más el corto plazo al aumentar los precios, que el largo plazo de invertir en economías de escala.
Por la mejoría que se había dado en la distribución entre 2003 y 2007 se encontraron con mercados condicionados por inelasticidades en la demanda, a los cuales aplicaron aumentos de precios sin encontrar mermas en los volúmenes producidos y vendidos.
El comportamiento microeconómico fue claramente atentatorio contra el bienestar general pero también erosionó paulatinamente para ellos la ventaja adquirida por la devaluación. El mismo proceso que aumentaba los beneficios de corto plazo de las empresas en el 2007 y 2008 erosionaba el diferencial de tasa de cambio por el aumento de los costos internos, deteriorando la ventajosa paridad cambiaria que había favorecido las exportaciones y dificultado las importaciones. Recordemos que si bien el gobierno ha logrado reducir la participación extranjera en la economía argentina, ella sigue controlando el 70% de los bienes y servicios y en términos de ganancias y royalties la apreciación del peso puede redundar en mayores ganancias en dólares, fenómeno de gran incidencia en las decisiones cambiarias de la década del 90.
Estado y política
Ante la utilización subóptima y procíclica de los recursos por parte del sector privado, en gran medida extranjerizado, en un contexto internacional de una grave crisis del capitalismo neoliberal, solo una intervención anticíclica por parte del estado puede atenuar los efectos recesivos.
La pretensión del gobierno de cobrar altos impuestos o tarifas para obtener más recursos y orientarlos hacia la generación de mayor demanda agregada e inversión esta plenamente justificada. Un aumento en los impuestos directos si son utilizados de forma productiva por el sector público, cumplirá con todos los requisitos de la lógica Keynesiana. Cualquier actor social o político que pretenda limitar o disminuir la presión tributaria o aduanera sobre sectores de alta rentabilidad, atenta contra el superávit fiscal y por consiguiente contra las posibilidades del estado para defender el nivel de vida del pueblo. Al adoptar estas posturas sectores de la oposición que defienden los intereses más concentrados con políticas procíclicas ante la crisis, profundizan la contracción económica y atentan contra la mejora en la distribución del ingreso y no pueden pensar en compensar estos ingresos mediante una asignación universal a la niñez o algún plan social focalizado, en un contexto en el cual contribuyen políticamente a desfinanciar al estado y profundizar la crisis económica.
Necesitamos generar algunos consensos básicos entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición en un parlamento capaz de defender los intereses populares en un contexto tan difícil, evitando devaluaciones bruscas del peso, manteniendo la solidez fiscal, evitando espirales inflacionarias claramente peligrosas para los ingresos populares. La solidez fiscal es una condición necesaria para la autonomía política del estado. La inflación es en el actual contexto claramente atentatoria contra la mejora en la distribución del ingreso, pero la verdad solo se conquista cuando es realizada y buscamos contribuir a una sociedad de ciudadanos informados y participativos conscientes de su destino, que puedan estructurar su participación y compromiso social.
y usa lo aprendido
para volverse lentamente sabio
para saber que al fin el mundo es esto
en su mejor momento una nostalgia
en su peor momento un desamparo
y siempre siempre
un lío
entonces usted muere.
