Nuevo lock out: ahora, por la supresión definitiva de las retenciones

por Jorge Cabezas 

Las cámaras patronales del agro comenzaron una nueva embestida contra el Gobierno nacional, disfrazada de “plan de lucha”, con un cese de comercialización de granos y de ganado vacuno desde el viernes 3 hasta el miércoles 8, con excepción de productos perecedores. Más allá de las declamaciones sin sustento de los personeros del agronegocio sojero, el nuevo lock out, determinado por la crisis financiera internacional originada en Estados Unidos, persigue el mismo fin que el anterior: dejar de pagar retenciones y sacar a Cristina de la Casa Rosada.


La tantas veces anunciada vuelta de la "protesta del campo", finalmente se produjo justo cuando el Gobierno se disponía a implementar las políticas consensuadas en los foros de la producción agraria que han venido reuniéndose en los dos últimos meses. La camarilla de arrendatarios y exportadores de soja que lideran las cámaras patronales del sector rural decidieron patear el tablero, romper el diálogo y pintarse la cara para renovar su ofensiva contra la administración encabezada por Cristina Kirchner.

Las razones para esta intempestiva decisión no aparecen con claridad en un primera lectura, tal como se desprende de las declaraciones -cautas y respetuosas- de los funcionarios encardados del área. Así, el titular del ONCCA, Ricardo Etchegaray, sostuvo que “el reclamo está vaciado de contenido”, mientras que el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, afirmó que “no esperábamos esta medida en un momento que veníamos dialogando”. Además, contó que desde su oficina “se han realizado sistemáticamente foros mensuales de debate y las únicas sillas vacías son las de los integrantes de la mesa de enlace”.

Sin embargo, la motivación del nuevo lock out no es tan difícil de encontrar, a poco que se revise el contexto mundial determinado por la crisis financiera y las quiebras bancarias en Estados Unidos, con sus consecuencias de baja en la cotización de las commodities y en los centros especulativos de la economía global, donde las cosechas cotizan a futuro.

Es más, el propio titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcatti, dio pistas firmes sobre el móvil del lock out II, al sostener -en una entrevista realizada por Radio 10- que “no hay motivo en medio de esta crisis para sostener las retenciones”.

He ahí el quid de la cuestión: los patrones del agronegocio no están dispuestos a resignar un solo centavo de su renta extraordinaria, la misma que no quisieron que el Gobierno redistribuyera por medio de las retenciones móviles. Menos ahora, que las fluctuaciones en los mercados de valores hacen tambalear el precio de los commodities. Por eso, este nuevo lock out no persigue otro fin que la supresión total y definitiva de los gravámenes fijados a las exportaciones, principalmente, de la soja, el monocultivo para forraje por el cual han apostado todos y cada uno de los que quieren presentarse como "pobres chacareros" productores de alimentos para nuestro pueblo, que en realidad exprimen la riqueza de nuestra tierra -con consecuencias nefastas para el futuro- en su exclusivo beneficio.

Bajo esta lupa, es posible interpretar más certeramente el carácter de la rediviva "protesta del campo". Tal como lo afirmó el titular del ONCCA, el nuevo lock out tiene mucho contenido “político” y se trata en realidad de "una pulseada política contra el Gobierno”, con la cual el cenáculo oligárquico autodenominado "Mesa de Enlace" pretende, según dijo Etchegaray, “reagrupar a algunos productores que se estaban alejando” malquistados por el alejamiento de los planteos sobre los problemas concretos del sector.

Es obvio que los coqueteos con dirigentes de la oposición tiñieron el reclamo sectorial del agro, de una vez y para el resto del camino, de un inconfundible tono opositor al gobierno de Cristina Kirchner. Tanto así, que si los discursos en Rosario -donde un desaforado De Angeli llegó al extremo de instigar al derrocamiento del Gobierno constitucional-, no fueron los suficientemente elocuentes, la oferta de candidaturas en las filas del PRO o de la Coalición Cívica para las figuras más mediáticas de las cámaras patronales del sector rural terminó de dilucidar cualquier duda al respecto.

En las presentes circunstancias, cuando desde el Gobierno se ha declarado que no es posible garantizar la renta extraordinaria del agronegocio sojero -debido, fundamentalmente, a que sus propios agentes, los capitales trasnacionalizados, han causado el temblor que recorre el mundo-, es hasta lógico y previsible que los personeros locales de estos intereses financieros entreverados en la producción rural reaccionen ante el derrumbe de sus pingües márgenes de ganancia.

Como siempre, para el sector del privilegio de este país, la solución pasa por no pagar impuestos, por ningunear el interés común, por desconocer sus obligaciones para con el bienestar social. Para ello, resultaría necesario revertir el proceso puesto en marcha en 2003, con el proyecto productivo e industrializador motorizado por la gestión de Néstor Kirchner y profundizado por Cristina. Este modelo, bien se sabe, no ha negado a los agronegocios la realización de sus muy redituables operaciones, pero les ha pedido a cambio, y muy a su pesar, su proporcional contribución con el fisco.

Si en la anterior edición de la revuelta sojera ante el incremento de las retenciones fijadas legítimamente por el Estado, los patrones del campo hicieron lo necesario (presionar legisladores, movilizar miles de personas, cortar rutas y abastecimiento), para salirse con la suya, ¿qué no harán ahora, que el valor de la soja se desploma y su magnífico negocio pierde márgenes a causa de la crisis global del capitalismo?

Se avecinan tiempos borrascosos en Argentina, y no precisamente porque el país sea vulnerable a los avatares de los mercados de valores, como en el pasado, cuando la "timba" financiera hundía en la miseria a millones de compatriotas en cuestión de horas, según los vaivenes de las bolsas del mundo. Hoy, la ecuación económica pasa por el superávit fiscal y las vigorosas reservas del Banco Central, que permiten al país sostener el timón en medio de la tormenta.

Sin embargo, el peligro reside, una vez más, en la acción de esa quinta columna que encarnan los representantes del privilegio y los intereses trasnacionales, tanto en la política, como en el mundo de la producción y los servicios. Desde las filas de la oposición, así como desde sectores empresarios globalizados, viene preparándose desde el mismo día en que Cristina asumió, una movida similar a la que arrojó a Raúl Alfonsín de la Casa Rosada seis meses antes de que finalizara su mandato: un "golpe cívico-económico" montado en el malestar social generado por el alza de precios y la inflación galopante, sumado a un reclamo por la corrupción y la falta de transparencia.

En la misma mañana en que comienza la segunda ofensiva rural osbre el gobierno popular, el busto de Raúl Alfonsín ingresará a la Casa de Gobierno en reconocimiento (tardío) a su gestión, la primera después de la larga noche dictatorial. Es de esperar que no tengamos que reconocer, de aquí a otros 25 años, que la gestión de Cristina Kirchner significó un avance para la Argentina, igualmente resistido por los mismos sectores oligárquicos ligados al genocidio y al Terrorismo de Estado que hoy se presentan como defensores de los "pequeños productores".